La Cámara de Apelaciones de feria integrado con José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Delio Vera Navarro ratificó de forma unánime el fallo de primera instancia dictado por la jueza penal de garantías Lici Sánchez, quien a través de la sentencia definitiva N° 50, del 26 de diciembre de 2019, hizo lugar a la acción de amparo de pronto despacho planteado por 340 funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Metrología y Normalización (INTN), en este caso, contra el Ministerio de Hacienda.

Los camaristas aclaran que la acción de amparo de pronto despacho está destinada solo a un emplazamiento para que el órgano competente se pronuncie sobre lo requerido por los accionantes.

El requerimiento de los funcionarios tiene que ver con que el Presupuesto General de la Nación para el año 2019 contemplaba un aumento de salario para un sector del funcionariado público.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a instancias de Hacienda, promovió una ley para rever su propia disposición.

Pero el Congreso rechazó modificar esta ley, por lo que los funcionarios afectados entienden que se debe pagar el aumento.

Hacienda no liberó hasta ahora esos fondos, ni siquiera se pronunció sobre el punto, y contra esa situación accionaron los funcionarios.

La Cámara explica: “Lo único que puede decidir un amparo –en este caso concreto– es la garantía de la celeridad procesal administrativa y dar respuesta de manera concreta al pedido realizado, ya sea de manera positiva o negativa, por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda”.

Los camaristas también hacen mención al Art. 40 de la Constitución Nacional sobre “el derecho a peticionar a las autoridades” que beneficia a los amparistas, y la obligación que tiene el órgano administrador de pronunciarse en el plazo debido y según las modalidades que la ley determine.

La Cámara impuso las costas en el orden causado (cada parte paga sus gastos), porque no existió mala fe por parte de la perdidosa. Sin embargo, criticó al abogado de Hacienda, Concepción Insfrán, por referirse de manera inapropiada a la jueza Sánchez.

Por su parte, Julio César Coronel, el abogado de los amparistas del INTN, cuestionó a Hacienda porque insta al no cumplimiento de la ley (de presupuesto) plenamente vigente en todo el territorio de la República del Paraguay, al invocar normas de menor jerarquía.

Un cuestionado incremento salarial

- El Ministerio de Hacienda cuestionó a los 2.123 funcionarios que fueron beneficiados con aumentos salariales otorgados directamente por legisladores durante el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019.

- Esos incrementos de remuneraciones no estaban contemplados en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero mediante padrinazgos políticos en el Parlamento modificaron el anexo de personal de 36 instituciones, según se había explicado.

- Con ese procedimiento, llevado a cabo de manera silenciosa, los sueldos de la clientela política aumentaron incluso hasta un 251%, según lo que se había denunciado el año pasado.