Fernández, de hecho, ya está enjuiciado, pero sin suspensión, desde octubre del año pasado por haber favorecido un mes antes con el levantamiento de su orden de captura al supuesto narco Gerardo Ramón Sánchez Gómez, alias Quela’i.

Este último era buscado en Capitán Bado en carácter de autor moral del asesinato de un ganadero brasileño y en Brasil por tráfico internacional de drogas.

Quela’i, paradójicamente, quedó detenido casi por casualidad el 9 de noviembre del año pasado en Capitán Bado pero por otro hecho. Fue al ser retenido en una barrera policial. Tenía un fusil y una pistola.

Esa resolución fue revocada por la Cámara de Apelaciones y Quela’i guarda reclusión actualmente en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero.

Este es hijo del recordado marihuanero Gerardo Heliodoro Sánchez Martínez, alias Quelá, acribillado en Capitán Bado en 2010.

Según altas fuentes ligadas al caso, el juez Manuel Marcos Fernández Arce parecía encaprichado ayer a la tarde al insistir a los funcionarios de la cárcel de Pedro Juan Caballero que liberen a los supuestos matones de Minotauro.

A toda costa, el magistrado quería conseguir que se acatara su fallo, desconociendo incluso la resolución contraria de la máxima instancia judicial que dejaba sin efecto su orden.

Sin embargo, emitió una nueva resolución en contestación a la nota que le envió la Policía, institución que informó que era impracticable la orden del juez debido a que no había suficiente personal para custodiar a cada uno de los seis procesados.

En ese nuevo oficio, Fernández ordena a la Policía que el control del arresto domiciliario de los seis supuestos criminales sea aleatorio y no permanente.

En la cárcel de Pedro Juan Caballero interpretaron que lo único que el juez quiere es que los seis presuntos pistoleros salgan ya.

El juez no solo estuvo ayer personalmente en la cárcel, sino que un día antes su asistente estuvo a la noche tratando de hacer cumplir la orden que los seis procesados salgan de ahí.

Se supo también ayer que uno de los que trató de sacar de prisión a los seis supuestos matones sería el concejal departamental de Amambay Luis Guillén (ANR), quien habría actuado en calidad de abogado defensor.

Ayer de tarde, trascendió que el juez Fernández emitió una resolución en la que anula su propio dictamen en que concedía el arresto domiciliario a los procesados.