El requerimiento se efectuó en el marco de la acción declarativa de abandono planteada por la abogada Luz Núñez de Ocampo, jefa de la Dirección Jurídica de la Policía, para lograr autorización judicial para eliminar unas 5.000 chatarras depositadas en distintas dependencias policiales.

El miércoles último, el magistrado dio un plazo de 72 horas para la presentación del referido informe, que deberá precisar la cantidad de automóviles y motocicletas depositada en las distintas dependencias policiales, con la referencia de la causa a la que pertenecen y otros datos que sirvan para identificar los vehículos.

“La proliferación de alimañas es la principal problemática que surge a consecuencia del depósito de los bienes incautados en las diversas dependencias policiales, puesto que atentan contra la salud del personal policial y de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que dichos vehículos se convierten en potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades tales como el dengue, la chikunguña, etc”, resalta la abogada Núñez en su presentación.