La conmoción por lo que ocurre en la “terraza del país” ha tenido como consecuencia que, en diciembre último, el Ministerio Público Federal haya decidido cerrar su sede en Ponta Porã, distante a apenas 360 m de la frontera con nuestro país.

La situación fue divulgada por el diario brasileño Folha de São Paulo, que reveló que la decisión fue adoptada por seguridad, en razón de los “niveles críticos de violencia y acciones de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC) en la zona”.

El argumento del MPF para trasladar sus oficinas a una ciudad distante 120 km de la frontera (Dourados), transcripto por el referido medio de prensa, es que Pedro Juan Caballero es “escenario de numerosas acciones de diversos grupos criminales organizados, en especial, el PCC”.

Números del hampa

Folha de São Paulo acompaña la información con datos del Fórum Brasileño de Seguridad que dan cuenta de 104 homicidios en Ponta Porã entre 2017 y 2018. Asimismo, precisa que en el 2019, 115 crímenes fueron perpetrados por pistoleros.

Por otro lado, resoluciones judiciales referentes a los habeas corpus tramitados en el Brasil a favor de la abogada María Alciris Cabral, esposa de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, dan cuenta del poderío económico del grupo.

A modo de ejemplo, se menciona que en menos de un mes –entre 2018 y 2019– María Alciris movilizó casi US$ 3.000.000 en débitos y US$ 2.000.000, en créditos. Minotauro se inició con el brasiguayo de origen árabe Jorge Rafaat Toumani, pero luego se distanciaron. Rafaat fue ejecutado a tiros el 15 de junio de 2016, tras lo cual Minotauro regresó a la zona en busca del monopolio del “narconegocio”. El 2 de febrero del año pasado Minotauro fue capturado en un lujoso departamento en el balneario Camboriú, Santa Catarina, Brasil, pero sus negocios siguieron de la mano de su esposa, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente tramitado en el Tribunal Regional Federal.