Fiscala ratifica acusación por tráfico de armas y otros cuatro hechos punibles

La fiscala Lorena Ledesma acusó ayer al procesado Carlos León por tráfico de armas y otros cuatros hechos punibles. La expectativa de pena es hasta 15 años de cárcel. El juicio oral continúa el jueves.

Los fiscales Deny Yoon Park (d) y Lorena Ledesma, agentes del Ministerio Público que investigaron el presunto tráfico de armas de guerra.
Los fiscales Deny Yoon Park (d) y Lorena Ledesma, agentes del Ministerio Público que investigaron el presunto tráfico de armas de guerra.

La fiscala Lorena Ledesma ratificó en sus alegatos finales que el acusado Carlos León Ocampos, cometió acopio de armas de fuego en lugares no autorizados, fabricación ilícita de armas, tráfico de armas, hechos punibles conexos y acopio ilícito de armas. Respecto al acusado Eduardo Alberto Ramírez, ratificó que incurrió en el ingreso por aduanas no autorizado, producción de riesgos comunes y hechos punibles conexos.

Con relación al acusado Víctor Hugo Sebastián Ferreira, la agente indicó que durante el juicio oral se demostró que el mismo cometió los hechos punibles de violación a la ley de armas y tráfico de sustancias estupefacientes; mientras que Alfredo Ramón Sánchez Moreno es culpable de tráfico ilícito de armas, en calidad de cómplice.

El mercado negro

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Ledesma resaltó que mediante la incautación del arsenal de armas, realizada en marzo de 2016 de la vivienda perteneciente al padre de León, y que era habitada por Víctor Ferreira, se demostró que el primero de los mencionados era el encargado de importar armas al país, a través del mercado negro de la frontera con el Brasil. Para el efecto utilizaba como fachada su empresa Comtecpar, cuya habilitación para el rubro venció en el 2013.

Añadió que Ramírez era el socio comercial de León y también comercializaba las armas a través de su firma dedicada a préstamos prendarios. Respecto a Ferreira, la fiscala señaló que se encargaba de enviar las armas, como encomiendas, hasta Pedro Juan Caballero.

Sánchez era chofer de la empresa “La Santaniana” y se ganó la confianza de Carlos León para ser el encargado de llevar las encomiendas hasta la capital del Amambay o conseguir que algún compañero suyo haga el trabajo.

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La fiscala Ledesma desistió ayer del hecho punible de asociación criminal e intentó atribuir otro más grave al acusado León, que es el delito de terrorismo. Sin embargo, la jueza Gloria Hermosa, presidenta del tribunal de sentencia, no le permitió. La magistrada advirtió que no podía hacerlo ya que el hecho no fue planteado en la acusación ni advertido durante el juicio oral, que se realizó en gran parte durante la feria judicial por peligro de extinción.

Jueza debe someterse a cirugía

En principio, para ayer estaba previsto que todas las partes presenten sus alegatos finales. Sin embargo, luego de la presentación del Ministerio Público, la presidente del tribunal de sentencia, Gloria Hermosa, comunicó que la jueza Rossana Maldonado, una de las integrantes, debe someterse a una cirugía por un problema de salud que la aqueja, por lo que fijó la continuidad del juicio oral recién para este jueves.

Si bien la audiencia podía continuar con el juez suplente, Víctor Alfieri, quien estuvo presente en la audiencia desde el primer día, el tribunal resolvió esperar a Maldonado para seguir.

La defensa del acusado Eduardo Ramírez cuestionó esta situación, debido a que debe esperar hasta el jueves para presentar sus alegatos finales.

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