Uno de los pedidos de la ministra Pérez fue que los juzgados penales puedan realizar de oficio la revisión de las personas privadas de libertad que se encuentran en estado de embarazo o de amamantamiento, y también de aquellos que sean mayores de 65 años.
La idea es que si se dan las condiciones, estas personas puedan salir de las cárceles, pues representan un grupo de alto riesgo en la población penitenciaria.
Como primera medida, la ministra Carolina Llanes solicitó al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Defensa Pública la lista de reclusos que presenten las características referidas, para su posterior remisión a los juzgados pertinentes.
Por otro lado, en lo que respecta al uso de las tobilleras electrónicas, se realizará hoy una reunión entre el presidente de la Corte Alberto, Martínez Simón; los ministros de la sala penal, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez; el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
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Según dijo Martínez Simón, la idea es ver la forma de acelerar la implementación de las tobilleras, de manera a evitar los amontonamientos en las cárceles.
Son 16.000 en total los presos en todo el país y la situación de hacinamiento en que están es motivo de gran preocupación de las autoridades penitenciarias, por la alta posibilidad de contagio del covid-19.
El martes último, el Ministerio de Justicia dispuso la suspensión total de las visitas en todos los centros penitenciarios del país, hasta el 26 de marzo. Solo podrán ingresar funcionarios, personal de blanco y otros más.