La primera etapa de la cuarentena sanitaria concluyó con 559 imputados en todo el país, por resistencia y otros delitos, que en su gran mayoría han sido beneficiados con arrestos domiciliarios.
Sin registrar ni un solo caso de covid-19, durante la emergencia sanitaria el Ministerio de Justicia ha blindado los centros penitenciarios y educativos a nuevos ingresos, para evitar el ingreso del coronavirus, pues en la situación de hacinamiento en que se encuentran, su propagación podría arrojar consecuencias devastadadoras.
Actualmente, nuestra población penitenciaria es de 15.850 personas privadas de libertad en todo el país. Todas las penitenciarías se encuentran al tope o con mayor cantidad de internos que su capacidad permite. La más populosa es la cárcel de Tacumbú, que alberga actualmente 3.700 internos, pese a que su capacidad es para 1.800.
De este total de casi 16.000 personas recluidas, solo el 25% tiene condena.
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Esta situación obliga a la Policía Nacional a hacerse cargo de aquellos recluidos que no son beneficiados con arresto domiciliario durante este periodo, tal el caso de homicidas, asaltantes, abuso sexual y también algunos procesados por violar la cuarentena sanitaria.
Pero llenar las cárceles tampoco es la solución adecuada al problema, primero porque las dependencias policiales no son centros de reclusión y carecen de recursos suficientes para cubrir los gastos que conllevan los reclusos.
Esta hubiera sido una excelente oportunidad para “estrenar” las tobilleras electrónicas, máxime considerando que una empresa incluso puso 15 tobilleras a disposición del Poder Judicial para una prueba gratuita, en el marco de un plan piloto. Sin embargo, como la Policía Nacional no define aún si el monitoreo será realizado por el Sistema 911 o por las comisarías, todo sigue igual, con grandes posibilidades de empeorar.