La jueza penal de la adolescencia Edith Coronel rechazó el amparo promovido por el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, contra la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP), con el fin de lograr la exoneración de la totalidad de las cuotas de los estudiantes de los colegios privados y subvencionados, durante la cuarentena sanitaria.

Idéntica postura adoptó la jueza de ejecución de sentencia María Teresa Ruiz Díaz, al rechazar in limine un recurso similar, promovido por Godoy contra la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay (APUP).

En ambos casos, las magistradas coincidieron en argumentar que el amparista no ha agotado las instancias administrativas antes de recurrir a los estrados judiciales. Este es un requisito básico para presentar una acción de amparo.

Básicamente, Godoy afirma que los padres no tienen por qué pagar por un servicio que no se está prestando, situación que vulneraría garantías previstas en la Constitución Nacional y en la Ley del Consumidor.

Asimismo, resaltó que con la ausencia de actividad en sus instalaciones, las instituciones tienen un considerable ahorro en agua, electricidad y en algunos casos, almuerzo.

Agregó que las instituciones tienen la responsabilidad social de hacerse cargo de los pagos a los docentes y demás compromisos con sus propios recursos, pues están en condiciones de “aguantar” dos meses más que los padres, muchos de ellos privados de sus ingresos y en una situación de incertidumbre.

Recordó que a nadie escapa el elevado costo de las mensualidades, a los que se debe agregar una infinidad de “colaboraciones” obligatorias que se les impone a lo largo del año lectivo.

Petición del MEC y proyecto de ley

El 24 de marzo, el Ministerio de Educación y Ciencias instó “a las instituciones educativas de gestión privada y privada subvencionada a considerar la reducción de los aranceles establecidos en concepto de cuotas mensuales, teniendo en cuenta la disminución de costos en la prestación de los servicios educativos debido a la implementación de la modalidad de desarrollo de clases a través de herramientas digitales”. Se solicitó, igualmente, la exoneración de multas ante eventuales atrasos.

Mientras, el diputado Ángel Paniagua (ANR, Añetete) presentó un proyecto de ley que plantea exonerar el pago del 50% de las cuotas de instituciones privadas y subvencionadas.