Desde la Defensa Pública señalaron que al declararse la pandemia ya existía el grave problema de la crisis penitenciaria con un aproximado de 15.500 personas privadas de libertad en todo el país, de las cuales 7.500 personas (que equivaldrían a 9.000 causas) son asistidas por la Defensa Pública.

El hacinamiento en las penitenciarías es un factor de alto riesgo de contagio de covid-19 para las personas privadas de libertad, por ello la defensora general María Lorena Segovia ordenó una verificación total de expedientes en trámite en el fuero penal que permita la obtención de la libertad ambulatoria o bien, el otorgamiento del arresto domiciliario. Hasta la fecha se ha verificado un total de 947 casos que por su condición procesal o personal, podrían obtener medidas menos gravosas.

Por la condición procesal se podría obtener por la vía de compurgamiento de pena mínima, suspensión a prueba de la ejecución de la condena, libertad condicional; mientras que por la condición personal, por alguna enfermedad, discapacidad, embarazo o mujeres en periodo de lactancia.

Conforme a estos datos, la Defensa Pública priorizó a las personas privadas de libertad según su condición personal, sin descuidar el supuesto de condición procesal de cada interno.

Videollamadas

Ante la suspensión de las visitas de defensores públicos a las penitenciarías, por recomendación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, desde el 2 de abril pasado implementó las visitas virtuales en el penal de Tacumbú y en el Buen Pastor.

En total ya se realizaron 51 visitas virtuales, gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y se busca implementar el mismo método con los internos de las dos penitenciarias ubicadas en Emboscada.