A través de la PGR, el Poder Ejecutivo respondió ayer el pedido de informe realizado por la jueza Clara Ruiz Díaz, quien el lunes pasado dio trámite al amparo constitucional presentado por un grupo de 15 abogados contra los decretos de la Presidencia de la República que establecieron la cuarentena sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus en Paraguay.
El juez de Garantías de turno, Yoan Paul López, recibió ayer el informe de la Procuraduría, a través del cual el Ejecutivo califica de “totalmente improcedente” la acción promovida por los abogados, pues considera que no existen requisitos para la concesión de la garantía constitucional y que no agotaron todas las vías previas.
El informe puntualiza, además, que el amparo no es la vía para la derogación o modificación de un decreto de la Presidencia, en el supuesto de que este pueda ser considerado como violatorio de derechos constitucionales; como alegan los abogados accionantes.
En ese sentido, la PGR asegura que las medidas establecidas por la Presidencia de la República a través de los decretos Nº 3.512 y 3.525, en el marco de la emergencia sanitaria por los casos de covid-19 en el país, no violan ningún derecho, ya que tienen en cuenta que son de carácter temporal, excepcionales, razonables y en consonancia al respeto de los derechos humanos conforme a la Declaración Nº 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En respuesta a la petición planteada de los abogados, la Procuraduría General esgrimió el artículo 128 de la Carta Magna, en el que se establece que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general” y recuerda también que el Estado está obligado a proteger y promover la salud como derecho fundamental de la persona y el interés de toda la comunidad.
Cámara Alta no analizó subsidio
Ante la extensión de la emergencia hasta el domingo 26 de abril, los abogados independientes piden que al Legislativo que estudie cuanto antes el proyecto de ley presentado por el sector para que los profesionales reciban el subsidio estatal.
La suma que piden es de G. 1.000.000 por tres meses para unos 30.000 abogados de todo el país, a fin de hacer frente a la falta de ingresos a causa de la paralización de actividades en el Poder Judicial debido a la crisis sanitaria.