La presentación radicada ante el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, expone la necesidad de reducir los recursos previstos para seguro médico privado, para reinvertirlos en la modernización del sistema judicial, implementar el expediente electrónico y servicios online del sistema de justicia en todas las instancias, competencias y jurisdicciones, a nivel nacional.

Firman la presentación los abogados Roberto Rojas, María del Pilar Callizo, Luis Puente, Robert Monte-Domecq, Carlos Sosa Jovellanos, Yolanda Pereira, Sonia Arzamendia, Alberto Alderete y Derlis Céspedes.

“Esta práctica –contratación de un seguro privado, con un precio discrecional frente al precio que paga el empleador en el sector privado– creemos debiera acabar, más aun sabiendo que los recursos con que cuenta el Estado Paraguayo y en especial el PJ son exiguos y escasos para hacer frente a todas las cuestiones de infraestructuras que necesitan las diferentes circunscripciones judiciales, y sobre todo la modernización del sistema judicial, tarea y obligación primaria que tiene la Corte Suprema de Justicia, que es brindar a los profesionales un ambiente digno y saludable para el desempeño de sus funciones, y que la ciudadanía obtenga el acceso a la justicia en forma rápida y eficaz”, afirman.

Destacan que si bien el Código Laboral exige el pago de seguro social al empleador, el mismo tiene un costo mucho más ínfimo que el que se presupuesta para seguro médico en el sector público, por lo que al pagar un costo más alto que el sector privado, se convertiría “en una malversación de fondos públicos”.

“Cualquier suma superior que el Estado esté abonando es una carga ilegal, innecesaria y a su vez dilatoria del servicio de salud universal libre y gratuito que debe brindar el Estado paraguayo, por mandato constitucional”, agrega la nota.

Llamado a licitación está en curso

El 31 de marzo último, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a licitación para la contratación del servicio de servicio médico sanatorial integral, por G. 318.240.000.000.

El contrato tendrá una duración de tres años y debe cubrir a 12.000 funcionarios, con sus cónyuges e hijos hasta 22 años, que en total serían unas 45.000 personas.

El contrato vigente con Asismed vence en junio.

El seguro de los ministros es de G. 1 millón cada uno –anteriormente era de G. 3.400.000– y el de los demás funcionarios es de G. 680.000 por persona.

El Poder Judicial cubre íntegramente ese rubro sin descontar ni un guaraní a sus funcionarios.