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Esperan que merme presencia masiva de clientes en los supermercados

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
La Fiscalía tuvo que intervenir nuevamente frente al local del Supermercado Luisito ante la avalancha de personas que  pretendían ingresar al local para proveerse de alimentos, a pesar de que se tiene 90 días para las compras.
La Fiscalía tuvo que intervenir nuevamente frente al local del Supermercado Luisito ante la avalancha de personas que pretendían ingresar al local para proveerse de alimentos, a pesar de que se tiene 90 días para las compras.

A pesar de los controles, siguen las aglomeraciones de personas en los supermercados para adquirir productos con el subsidio estatal. Las personas mayores del Bañado son renuentes a usar tapabocas, según la Fiscalía.

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El fiscal Marcial Machado, de la Unidad denominada Sector 1, explicó que las aglomeración de personas frente a locales comerciales, una vez más, se debió a que los pobladores del Bañado acuden en masa para hacer las compras por G. 548.000 en los supermercados.

Machado explicó que tratan de persuadir a los mayores de edad que acuden al local comercial Luisito, para que utilicen los tapabocas, pero es una tarea muy difícil, según afirmó.

El agente manifestó que estas personas se mantienen reacias para usar los barbijos, a pesar de la obligación que impuso el Gobierno para mitigar los efectos del coronavirus (covid-19). Los pobladores de edad de estas zonas argumentan que no pueden respirar con las mascarillas y que por eso no van a utilizar.

Machado también indicó que espera que ya no haya aglomeración de personas frente a los locales comerciales ya que el subsidio estatal, en su mayoría, ya fue utilizado por los beneficiarios.

Uso obligatorio

A partir de hoy, el uso de tapabocas en todos los ambientes laborales, es obligatorio, según lo que se dispuso en el decreto estatal de mitigación del impacto del coronavirus.

Los barbijos deben ser proveídos por los empleadores, según las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El control de la aplicación del uso obligatorio de las mascarillas en las empresas estará a cargo de los agentes fiscales, y la violación de esta disposición puede derivar en la imputación de los empleadores.

De igual manera, la Fiscalía sigue controlando la vigencia del decreto presidencial que ordena que los automovilistas utilicen sus vehículos solamente en los días que les correspondan, según la terminación de sus chapas.

El Ministerio Público, hasta el sábado, había imputado a 2.264 personas en todo el país por violación a la cuarentena sanitaria. Asunción sigue liderando la cantidad de imputados con 330 personas procesadas, y el departamento Central, con 319.

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