Hace una semana, el pleno de la máxima instancia judicial aprobó reprogramar unos G. 33.300.000.000, provenientes de varios rubros, y destinarlos para la ampliación del expediente electrónico en varios puntos del país. La decisión se debe a que los ingresos judiciales disminuyeron considerablemente, a causa de la paralización de actividades por la emergencia sanitaria que ocasionó el coronavirus.

Del total reprogramado, casi G. 10.000 millones provienen del pago de las horas extras entre abril y diciembre de 2020, y los subsidios por nacimiento, fallecimiento y bonificación escolar.

Sin embargo, la CSJ no tocó la bonificación de G. 2.550.000 que perciben los magistrados integrantes de los tribunales de apelación, por su “responsabilidad en el cargo”. Por su parte, los jueces de primera instancia también seguirán cobrando la bonificación de G. 1.950.000 en el mismo concepto.

El pago beneficia además a los actuarios judiciales, quienes reciben cada mes G. 1.500.000 por ser responsables en el cargo; y a los secretarios de Juzgados de Paz, cuya bonificación es de G. 1.200.000 mensualmente. Los que menos cobran por dicho concepto son los jueces de paz, ya que reciben G. 500.000.

El titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, alegó que los jueces y magistrados cobran la bonificación desde hace varios años y que no se les puede recortar el beneficio durante la pandemia por covid-19, ya que los mismos trabajan desde sus casas cuando no están de turno y cumpliendo funciones en sus propios despachos.

Martínez Simón citó como ejemplo que magistrados de todo el país, de todos los fueros e instancias, presentaron a la CSJ sus informes sobre los juicios pendientes de resolución.

Los jueces trabajarán para el fallo en sus respectivos domicilios.