Esta restricción afecta a las personas privadas de libertad de la penitenciaría nacional de Tacumbú, de la penitenciaria industrial Esperanza, de la granja penitenciaria Ko’ê Pyahu, de la Agrupación Especializada, del Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor, del centro penitenciario semiabierto Nueva Oportunidad y del centro educativo Virgen de Fátima.

Es para evitar eventuales contagios de covid-19 a la población penal, por considerar que la movilidad de algunos internos podría ser un factor de riesgo para los demás reclusos.

“Se torna imperioso y constituye una medida de urgencia tendiente al aseguramiento del derecho a la salud de toda la población penitenciaria, la adopción de los mecanismos preventivos dirigidos a extremar los cuidados para aquellas personas recluidas y con problemas de salud preexistentes (presión alta, diabetes, tuberculosis) (...)”, señaló la jueza.

Al inicio de la cuarentena sanitaria, las cuatro juezas de ejecución de la capital dispusieron dicha medida con relación a todos los expedientes a su cargo, es decir, de sus juzgados y de aquellos que interinaban. La última resolución con efecto general por así decirlo, dictada por la magistrada Yolanda Morel, estuvo vigente hasta el domingo 3 de mayo.

A partir de esta semana, cada jueza de ejecución dicta una resolución idéntica, pero únicamente con relación a las causas de sus juzgados.