Los imputados Iván Vidal Francisco Ocampos Miño y Gerardo Sebastián Medina Gómez, ambos con arresto domiciliario, están procesados por producción de documentos no auténticos, uso de documento público de contenido falso y asociación criminal por conseguir los pasaportes y cédulas truchas por los que pagaron la suma de US$ 18.000.

Ambos recusaron a los fiscales Osmar Legal, Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán. Además, los demandaron civilmente y exigen el pago de una indemnización de G. 500 millones, al tiempo de denunciarlos ante la Fiscalía de Derechos Humanos y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este esquema fue advertido como un caso de amedrentamiento a la labor de investigación en plena etapa investigativa, ya que recién pasaron 3 meses desde la apertura de la causa. Esto contestaron los fiscales en la impugnación de sus confirmaciones.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ratificó que el apartamiento no correspondía.