Extraoficialmente, varias fuentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instancia militar que administra la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), reconocieron que la eliminación de los hermanos Benicio Argüello (26 años) y Jhony Argüëllo Larrea (18 años) pudo haber sido cometida por integrantes de un nuevo grupo clandestino que opera al servicio del narcotráfico.
Inicialmente, el CODI estuvo a punto de atribuirse la baja de los dos secuestradores citados, pero después los militares y policías que integran este bloque entendieron que entonces también podrían ser acusados de terrorismo de estado, ya que ambos cadáveres cuentan con indicios de una salvaje tortura previa al deceso, producido a tiros de arma.
Los hermanos Argüello fueron desenterrados solo horas antes de que sus cuerpos aparecieran en un camino rural de la colonia Ñandejára Puente, que queda cerca de la colonia Lorito Picada, a 16 kilómetros de la Ruta PY05, cerca de la entrada al Parque Nacional Cerro Corá, jurisdicción de Pedro Juan Caballero.
Un pacto
El repentino hallazgo de los dos cadáveres (estaban con el uniforme completo del EPP, pero sin ninguna de sus armas) habría sido posible gracias a una especie de pacto entre los autores del doble homicidio y un sector de las fuerzas de seguridad, ya que el fallecimiento de los hermanos Argüello fue conocida por lo menos tres días antes mediante un comunicado del EPP que circuló en los grupos de WhastApp y en el que esta organización criminal culpó a la FTC.
Ya cuando en el norte de la Región Oriental del país se propagó el rumor de que los dos miembros del EPP habían sido baleados al estilo de una ejecución, coincidentemente los cuerpos fueron descubiertos, al costado de un camino rural.
Es decir, el EPP sabía que sus dos miembros fueron capturados y eliminados, y la FTC también conocía que los dos hombres ya habían sido incluso sepultados.
Supuestamente, los hermanos Benicio y Jhony Argüello fueron eliminados por un grupo clandestino similar a los Justicieros de la Frontera pero que se conformó solo hace unas semanas luego de los ataques consecutivos del EPP a estancieros, plantaciones de marihuana y pistas de aterrizaje clandestinas que abundan en la zona.
En el mismo sector donde el domingo último fueron hallados los dos cadáveres de los miembros del EPP, están las estancias recientemente atacadas: Jaguary, Yukerí y Ñandu’i (ver mapa).
En la misma zona la Senad también ya había destruido, hace cuatro meses, varias pistas de aterrizaje ilegales que eran utilizadas para descargar cocaína procedente de Bolivia.
El error que llevó a la muerte a los hermanos Argüello, y probablemente a una guerra declarada por narcos al EPP, fue que los terroristas supuestamente atacaron los intereses de un patrón influyente que se negó a pagar el “impuesto revolucionario” exigido por los secuestradores.
Antes que caer en la extorsión del EPP –grupo que también opera en el narcotráfico–, los traficantes que utilizan dicha región del país habrían preferido armar su propio grupo paramilitar para combatir a los subversivos, tal como hicieron al crear la gavilla Justicieros de la Frontera que opera mayormente más hacia Pedro Juan Caballero.
“No existe”
El fiscal delegado de la unidad Antisecuestro, Federico Delfino, quien justamente intervino en el hallazgo de los cuerpos, dijo anoche en el programa Momento Justo de radio ABC Cardinal que el mencionado grupo paramilitar no existe, pero reconoció que la muerte de los dos terroristas pudo haberse producido en un enfrentamiento contra sicarios que operan al servicio de “empresas criminales”, como los narcotraficantes.
Por otro lado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió ayer un informe detallado del hallazgo de los dos cadáveres y sobre otras misiones en curso, en la base del CODI en la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción.