En septiembre próximo se cumplen 5 años de la imputación contra Froilán Peralta, quien era rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Los hechos punibles que se le atribuyen son lesión de confianza, por un desvío de G. 1.200 millones, e inducción a un subordinado a cometer hecho punible.
Esta vez se maniobra desde la Corte Suprema de Justicia un favor al exrector.
Peralta, quien percibía rubros por G. 74 millones, había armado todo un esquema para nombrar a mansalva a parientes y allegados en calidad de “docentes universitarios” y pervirtió el sistema de designaciones. Dictó la cuestionada resolución que equiparó docencia con cargos administrativos, y mutiló los perfiles requeridos para ocupar dichos puestos, ya que un alumno podía ser catedrático superior.
Todo esto lo realizó solo en seis meses como rector y su práctica desencadenó en el movimiento estudiantil UNANotecalles.
A pesar de todo el esfuerzo de lucha contra la corrupción de los estudiantes, la justicia tiene una deuda pendiente con ellos.
El tribunal de sentencia de Fernando de la Mora, integrado por Javier Sapena (presidente), Leticia Fracchi y Liz Ramírez, intentó realizar en diciembre del año pasado el juicio oral de Peralta y la coacusada María del Carmen Martínez, exdirectora de Talento Humano del Rectorado de la UNA, conocida como “la comepapeles” porque intentó destruir documentos tragándolos.
Sin embargo, el juzgamiento no pudo ser iniciado porque Martínez, a través del abogado Emilio Morales, presentó una chicana con la excepción de inconstitucionalidad contra la resolución de elevación a juicio oral (que es inapelable), y hasta ahora, la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y César Diesel, dilata resolver.
No se puede dictar la sentencia
Pese a que la causa fue escandalosa y hubo otros 45 imputados que lograron salidas alternativas, todavía la justicia sigue sin castigar el esquema que creó Froilán Peralta en la UNA, y no lo hará en la brevedad. El presidente del tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgarlo, Javier Sapena, pidió informes de la secretaría de la Sala Constitucional y le contestaron que la causa está en “autos para resolver”. El magistrado indicó que no pueden dictan sentencia porque está pendiente la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, indicó que igual señalará el inicio del juicio oral.