CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Los sentenciados son los hermanos Víctor Morales Martínez, de 51 años de edad, y Gregorio Morales Martínez, de 40 años, a quienes sentenciaron a 12 años de prisión cada uno.

Pese a que fueron declarados culpables de asociación terrorista y asociación criminal, fueron absueltos por el secuestro del policía Edelio Morínigo Florenciano.

La lectura del fallo se realizó ayer a las 16:30 en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de Concepción.

El tribunal de sentencia fue presidido por Richard Alarcón y los miembros fueron Jovino González y César Ibarra.

Los hermanos Morales Martínez deberán permanecer recluidos en la penitenciaria regional de Concepción hasta el 28 de enero de 2028, según la resolución de los tres jueces, quienes por otro lado los absolvió de la acusación de secuestro en grado de coautores ya que no se pudo comprobar ese hecho durante la diligencia judicial.

El enjuiciamiento se hizo por medios telemáticos, es decir, los acusados estaban en la cárcel, aunque sus defensoras, el fiscal Joel Cazal y los jueces se hallaban en el Palacio de Justicia de Concepción.

El fiscal de la unidad Antisecuestro, Joel Cazal, dijo que de hecho tenían suficientes elementos contra los acusados, como la pericia que demostró que los teléfonos celulares de estas personas estuvieron en la zona donde se encontró un campamento del EPP en un monte situado en el límite entre los departamentos de Concepción y Amambay, a un costado del antiguo tramo de la Ruta 11 que lleva a Capitán Bado, a 22 kilómetros del tramo de la entonces Ruta 3, carretera ahora denominada Ruta PY08.

La guarida del EPP fue descubierta inmediatamente después de que los terroristas mataran al suboficial mayor Adalberto Candia Sanabria (44) y al suboficial primero Egidio Ramón Chávez (32).

Aquella emboscada se produjo en la tarde del domingo 12 de julio de 2015, justo en momentos en que el país entero despedía al papa Francisco luego de su visita de tres días. Los dos policías estaban regresando en una patrullera a su unidad, el puesto policial N° 19 de la colonia Aguará de Amambay.

Las provisiones que tenían los terroristas en su campamento les fueron proveídas por los hermanos ahora condenados, quienes compraron los productos alimenticios y otros en un negocio de la ciudad de Karapã‘i, según se probó.

Cinco días después, los celulares de Víctor y Gregorio Morales Martínez emitieron señal nuevamente a 30 kilómetros de distancia, coincidentemente en el mismo lugar donde el EPP emboscó la patrullera del puesto policial N° 008 del asentamiento Jaguareté Forest, en la que iban el suboficial mayor Agustín Romero (40), el suboficial primero Crispín Rojas Pereira (34) y el suboficial primero Roque Salinas Salinas (28), quienes igualmente fueron ultimados.

La defensora pública Marta Villalba, quien asistió a Víctor Morales Martínez, aseguró que el procedimiento desde un principio estuvo plagado de irregularidades.

“Hubo adulteración de los elementos de pruebas. La defensa ha presentado de manera palpable esos elementos. En el acta redactada tras el primer atentado claramente se determinaron las características de los elementos recopilados, pero fueron adulterados, modificados con un número característico que al principio no tenía”, sostuvo.