El homicidio de la magistrada Diana Mereles, ocurrido el sábado último por la tarde en el juzgado de Hernandarias y que fue perpetrado por un guardia contratado por el Poder Judicial, generó la reacción de sus colegas, que al tiempo de manifestar indignación exigieron que la Corte Suprema tome medidas drásticas.

Fue así que el Consejo de la Superintendencia de la Corte resolvió ayer de tarde la intervención del órgano contralor judicial y para ello designó como interventor al abogado Mario Elizeche González.

En ese contexto, separó del cargo de superintendente a Rafael Monzón. El depuesto superintendente manifestó anoche en ABC Cardinal que el guardia “Wilson Scappini tuvo dos denuncias ante la Superintendencia General de Justicia”.

Añadió que se abrieron dos sumarios: uno por llegada tardía y otro por supuesto hecho de hurto de evidencias. En este último caso desde la Superintendencia General se recomendó una sanción, explicó Monzón.

Recordó que una de las denuncias llegó a la Fiscalía. “Cuando se instruye sumario en la Superintendencia General de Justicia, el criterio predominante es que se esté a la resulta del proceso penal. En este caso fue sobreseído (en mayo de 2018), pero aún así se recomendó una sanción”, expuso al indicar que todo quedó a cargo del Consejo de Superintendencia de la Corte, integrado por el presidente y los vicepresidentes del máximo tribunal.

Monzón explicó que desde hace 15 años es superintendente general y señaló que las puertas de su oficina están abiertas para responder a todas las dudas.

Controles

Ayer, el Consejo de Superintendencia emitió dos resoluciones en las que establece que en los próximos 30 días los funcionarios, contratados y tercerizados del área de seguridad sean sometidos a exámenes de antecedentes laborales, desempeño, conductuales, psicológicos, psiquiátricos y toxicológicos.