De acuerdo con la nómina de funcionarios del Ministerio de Salud, Almada Royg es asesor jurídico de la institución, funcionario con más de 26 años de antigüedad, por lo que recibe un sueldo base de G. 4.068.500, a los que se le agregan otros G. 400.000 en concepto de bonificación por labores insalubres, aunque no se detalla cuáles serían esas labores que pueden afectar a la salud.
Este caso no sería demasiado llamativo si no se tratara de uno de los abogados que está encargado de atender varios de los casos más importantes en los que se vieron involucradas controversiales figuras de la política paraguaya.
Cabe resaltar que Almada Royg fue el representante legal de la ex primera dama Emilia Alfaro (esposa de Federico Franco), en la demanda que la misma instauró contra Paraguayo Cubas por una serie de acusaciones que este había hecho sobre una supuesta injerencia de dicha mujer en una licitación de Itaipú para favorecer a amigos.
Almada Royg es propietario, junto con su hermano, de la firma “Promesur Consultora SA”, que en 2011 recibió G. 204.204.000 por parte de Petropar para que defina “el rol” de la empresa estatal.
En otro sonado caso, el estudio jurídico, integrado por Almada Royg, Carmelo Caballero (exministro del Interior) y la exfiscala Rocío Vallejos, recibió una millonaria suma para ejercer la defensa de directivos de la Cooperativa Universitaria en la investigación del supuesto pago irregular de G. 1.234 millones por el arrendamiento de un local que se usó como sucursal de la entidad en San Ignacio, Misiones.
Además es abogado del expresidente de Petropar Sergio Escobar, del exministro de Agricultura y Ganadería y actual senador Enzo Cardozo, del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salyn Buzarquis, del exministro de Educación y Cultura Luis Alberto Riart, de la exdirectora de Administración y Finanzas de la Secretaría del Ambiente (Seam) Silvia Evangelina Melo, procesados por lesión de confianza, estafa y hasta en algunos casos por extorsión
Ejerció además la defensa de María Belén Maldonado Silva, hija del diputado Celso Maldonado, imputada por compra de notas en la Universidad Católica, y del empresario Alberto “Tuti” Pereira Johannsen, condenado por estafa.
Almada Royg reconoció ser funcionario del Hospital de Barrio Obrero desde 1988 y aseguró que lo hizo como un funcionario administrativo. Relató que pasó por varias funciones desde preparar tereré hasta conductor de ambulancia, inclusive. “Pasé por todos los rubros”, afirmó.
El letrado aseveró que el monto que percibe en el centro asistencial es el que corresponde. Señaló que el concepto de insalubridad está establecido para todos quienes se desempeñan como funcionarios de hospitales.
Actualmente, manifestó, es el encargado de los sumarios administrativos en la institución, entre otras varias funciones. “Cumplo funciones en la institución”, aseguró. Indicó que lo hace independientemente de los casos que lleva con su estudio jurídico.
“Yo no vengo del mundo político, yo cumplo mis funciones como abogado”, sentenció.