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Alum indica que el presidente de la Tercera Sala de la Cámara de Apelaciones, Agustín Lovera Cañete, se prestó a la nueva dilación al reconocer la personería jurídica de la abogada María Isabel Candia Hermosilla, cuando la misma posee causales de inhibición con el juez Rubén Ayala Brun y el fiscal Fabián Centurión.
Tanto Ayala Brun como Centurión se apartaron de entender el proceso, cuya audiencia preliminar está pendiente desde hace trece años.
“El tribunal de Apelación violó el debido proceso al admitir diligencias procesales de primera instancia, al reconocer la personería de una defensa, quien presenta escrito ex profeso, premeditada y a sabiendas ante el Tribunal de Apelación, al solo efecto de lucrar en esta causa, teniendo causales de inhibición con el juez Rubén Ayala Brun y el fiscal Fabián Centurión”, dice el abogado querellante en su escrito.
El mismo pide que la Superintendencia intervenga e investigue al camarista Lovera Cañete y que también declare litigante de mala fe a la abogada Candia Hermosilla.
“Es un gravísimo error in-procedendo, que no se puede tolerar más aún en esta causa en la que ya se han presentado todas las chicanas jurídicas en todas sus formas posibles... no puede admitir ni diligenciar ningún tipo de presentación que no fuera puesta en discusión en esa instancia superior”.
El profesional aduce que todos los procesados, “sin excepción, han maquinado y recurrido a todas las chicanas posibles, como en este caso, que recurren supuestamente a los servicios de una abogada Candia, porque posee causales de inhibición de conocimiento público, para apartar al único fiscal que entiende la causa desde hace 15 años y a otro juez”.
Caso se inició hace 15 años
Este proceso penal por tortura y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados policiales en servicio activo, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
A raíz de los muchos recursos dilatorios, a los acusados ni siquiera se les pudo imponer las medidas cautelares y tampoco se les aplicó ninguna sanción disciplinaria pese a ello. La Corte declaró que esta causa es imprescriptible por tratarse de un hecho de lesa humanidad.