Acusan a los exdirectivos de la Cajubi por una supuesta inversión en Panamá

El tercer pedido de juicio oral contra los exdirectivos de la Caja de Jubilaciones de Itaipú fue presentado ayer por el fiscal René Fernández. La acusación por lesión de confianza da cuenta de que la firma en la cual se quería invertir, Euroinvest, con sede en Panamá, ni siquiera existía físicamente. El perjuicio se estima en US$ 7.400.000 y 5.630.000 libras esterlinas.

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Fueron acusados los exdirectivos de la Cajubi Víctor Bogado, Mariano Escurra, Aurelio Ramón Sosa, Félix Juan Bautista Villamayor, José Swako, José Salvador Alonso, Walter Elías Delgado, Ricardo Antonio Pereira Poletti, César Amílcar Bejarano, Pabla Mieres Scavenius y Édgar Mengual Herken.

Todos ellos se encuentran con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Están prófugos, con orden de captura internacional dispuesta por el juez Hugo Sosa Pasmor, los venezolanos Marcelo Barone y Elisabel Vázquez, imputados por lavado de dinero.

Barone es el broker (corredor de inversiones) que operó con los ahora acusados, a quienes propuso colocar los fondos de Cajubi en un fondo de inversión denominado Euroinvest Wordwide Inc.

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Lo irónico del caso es que Barone era el director presidente de la empresa.

En la acusación se menciona que la primera remesa de dinero fue enviada sin siquiera constituirse la empresa Euroinvest.

“Se constató que cuando hace la oferta, la empresa todavía no estaba legalmente constituida”, explicó el fiscal de Delitos Económicos.

“Formalmente, estaban comprando fondos de inversión”, indicó Fernández al referenciar el caso.

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El fiscal apuntó que el acuerdo fue para un tipo de operación financiera que terminó en otra.

“Ellos supuestamente estaban comprando un fondo de inversión, y finalmente lo que compraron fueron acciones de una empresa panameña, y encima una empresa de la que la fiscalía anticorrupción de Panamá informó que sus funcionarios se constituyeron en la dirección declarada y no encontraron nada”, expresó el fiscal Fernández.

La acusación señala que los exdirectivos de Cajubi operaron en forma sospechosa, sin tomar las mínimas garantías para proteger el dinero de los jubilados.

“Ellos compraban sin tener la información suficiente para saber si esto era una empresa de membrete o si era una empresa con trayectoria o con garantía”, refirió Fernández.

La querella ejercida por el abogado Rafael Fernández también presentó acusación contra los encausados.

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