Acusan a un juez de paz de prevaricar y delinquir

El magistrado de Caacupé Hernán Franco Villasanti fue denunciado por el ciudadano alemán Andrea Josef Treitinger por prevaricato, premeditación y alevosía, así como por producción mediata de documentos no auténticos y asociación criminal, al firmar desahucio de una casa fuera de su jurisdicción.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/YFPIUXUET5GGVJUWLRK46QPKII.jpg

SAN BERNARDINO, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional).-El ciudadano alemán Andrea Josef Treitinger acusa a Hernán Franco Villasanti, quien funge como juez de paz, así como al Abog. Luis M. Giménez y a Hermann Josef Paul Wehner. Los delitos por los que les acusa son: prevaricato, premeditación y alevosía, así como por producción mediata de documentos no auténticos y asociación criminal.

Según la denuncia realizada en fecha 9 de mayo, una persona identificada como Dieter Rienberg, quien dijo ser propietario del inmueble en conflicto, junto con el abogado Luis M. Giménez, un oficial de justicia que se negó a identificarse y agentes de policía asignados a la Comisaría de San Bernardino, desalojaron al acusador y a su esposa de la casa que dice compró en San Bernardino.

Los ahora demandados presentaron un mandamiento de desahucio de la vivienda que habitan Andrea Treitinger y Gabriele Ingrid Ude, firmado por el juez de paz de Caacupé Hernán Franco Villasanti.

Todas las pertenencias de la pareja, que vive en el lugar desde el año 2009, fueron sacadas a la calle por los intervinientes, destruyendo candados, cerraduras y también rompieron paredes para sacar los acondicionadores de aire que había en la casa.

PUBLICIDAD

Ocasionaron un gran perjuicio económico a los denunciantes, dijeron estos, quienes pasaron la noche del lunes y ayer en una carpa, mientras buscaban un lugar donde depositar sus enseres.

Según Treitinger, ellos adquirieron el inmueble en el año 2009 del citado Hermann Josef Paul Wehner, a través de un contrato privado, por 20.000 euros.

Señala que pagó 5.000 euros como entrega y que el resto lo abonaba en cuotas de 250 euros mensuales, quedando nada más un saldo de cuatro cuotas, equivalentes en total mil euros (G. 6 millones).

El extranjero afirma que todos los pagos fueron realizados a través de giros bancarios y que acordó con el vendedor que el saldo mencionado sería pagado en el momento del traspaso del inmueble en la escribanía pública, que debería realizarse en enero de este año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, señala, Wehner nunca apareció para realizar el trámite legal y cobrar lo adeudado.

Otro comprador

En marzo pasado se presentó Dieter Rienberg en el juzgado de Caacupé donde presentó un título de propiedad del mismo inmueble que el demandante compró de Wehner, realizado en fecha 10 de febrero del 2014, con el que inició los trámites “para recuperar su propiedad”.

Según Treitinger, jamás fue notificado por dicho juzgado de que había un proceso en su contra, por lo que no pudo ejercer su derecho a la defensa ni presentar los documentos que le acreditan como propietario del inmueble.

A pesar de esas irregularidades, refiere que el magistrado Franco Villasanti dictó la orden de desalojo, violando varias disposiciones judiciales tales como la jurisdicción, teniendo en cuenta que San Bernardino cuenta con su propio Juzgado de Paz.

También transgredió el Art. 57 del Código de Organización Judicial (Ley 879), que dice que los juzgados de paz en lo civil, comercial y laboral conocerán: “de las demandas por desalojo, por rescisión de contratos de locación que solo se funden en la falta de pago de alquileres y de las reconvencionales, siempre que en todos estos casos no se exceda de la cuantía atribuida a su competencia”.

En comunicación telefónica con Franco Villasanti, el mismo mencionó que se actuó conforme a la ley, pero se negó a dar más datos alegando que tenía un familiar enfermo y que tenía que salir de urgencia.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD