Este proceso derivó de la denuncia por estafa de la docente Paola Asunción de María Arrúa, que se tramita en el juzgado de Julián López. La denunciante reside en Villeta y había señalado que en mayo de 2014, el abogado Rolando Salinas entabló en su contra una demanda de preparación de acción ejecutiva. Sin embargo, con artimañas de las que participaron Ledesma y Cibils, se impidió su intervención y fue así que fue víctima de embargo.

La denunciante forma parte del grupo de docentes estafados con créditos inflados.

Arrúa sufrió el embargo de su salario por G. 4.140.000 por una deuda de G. 500.000, a la que sumaron intereses irregulares.

Para el ardid procesal, la ujier Cibils intentó notificar a Arrúa de su demanda en la Dirección de Administración de Sueldos y Beneficios del Ministerio de Educación.