La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Claudia Criscioni había alegado el 4 de junio pasado cuando solicitó a la Cámara la prórroga para presentar su requerimiento conclusivo, que en el proceso penal están incluidas 41 personas a las que hay que investigar, así como que son múltiples los hechos acaecidos.
Igualmente, la agente del Ministerio Público refiere que se deben indagar los G. 68.264.779.224 que desembolsó el Ministerio de Agricultura a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), más otros G. 700.000.000 que fueron entregados a los comités de Ybyty Rokê y San Miguel.
La agente también argumentó que se tiene que analizar otros muchos desembolsos de dinero por sumas millonarias que debían llegar a productores, y que sin embargo, se habrían desviado de su destino original para ayudar a los productores, hechos en los que también estarían involucrados líderes de comités de productores de diferentes zonas del país.
Es así que los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Mirtha González de Caballero dieron acogida favorable al pedido de prórroga extraordinaria solicitado por la agente fiscal Criscioni.
“El objeto de la investigación es de una complejidad evidente por las múltiples situaciones fácticas a ser investigadas como así también por el elevado número de imputados (41 actualmente), que impiden poner término a la investigación dentro del plazo previsto y atendiendo también que existen informes pendientes de conclusión”, señalaron los miembros del Tribunal de Apelaciones.
Los imputados
Están procesados por estafa y lesión de confianza Rody Godoy, Enzo Cardozo, Maristela Azuaga, Javier Luna Pastore, Marcelo Alonso Aldama, Mariza Mendoza, Marcela Fleitas, Pedro Ibáñez, Víctor José Ramírez, Alberto Riquelme, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Daniel Ferreira y Gustavo Amarilla.
De igual manera fueron procesados Silvio César Riveros, Ignacio Acuña Ramírez, Luis Guillermo Piccardo, Lidio Esteban Irala, Alcira Arzamendia, Luis Eduardo López, Heriberto Huerta, Jorge Ovelar Dacosta, Cecilia López Romero, Ceferino López Romero y Manuel Gaona.
En su primera imputación penal, la fiscala Criscioni incluyó en el proceso por estafa y lesión de confianza al senador liberal y miembro del Consejo de la Magistratura Enzo Cardozo, por hechos que acontecieron durante su administración en el Ministerio de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Federico Franco.
La imputación también alcanzó al exministro Godoy, quien estuvo al frente de esa cartera tras la renuncia de Cardozo.
La imputación fiscal
- Según la imputación del Ministerio Público por lesión de confianza y estafa, el perjuicio estimado por la investigadora Claudia Criscioni es de nada menos que de G. 68.264.779.224 más la suma de G. 700 millones. Esa imputación también incluyó a unas 25 personas.
- Posteriormente, Criscioni amplió el caso con relación a 14 personas y finalmente se incorporó al proceso penal a otras dos más. En total, están incluidas 41 personas en la causa. Una cámara oculta revela cuando Silvio Riveros, el 5 de noviembre de 2013, entregó a la Comisión Espíritu Santo, de Nueva Italia, ínfimos productos agrícolas.