El fiscal Christian Bernal lo había imputado por perturbación de la paz pública, resistencia y trasgresión de la ley de la no violencia en los estadios de fútbol, por hechos cometidos en 2012.

El representante del Ministerio Público aceptó un acuerdo conciliatorio entre Pozo y las víctimas, Alfredo Marín Ruiz (oficial de policía) y Ramón Óscar Rolón Vera (empleado del club deportivo), a quienes deberá entregar US$ 3.000 a cada uno como reparación del daño causado.

A su vez, Pozo aceptó donar unos G. 30 millones a la Sala de Urgencias de Emergencias Médicas.

Este acuerdo reparatorio debe ser aceptado aún por el juez Óscar Delgado, quien luego fijará la audiencia preliminar.

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