Escobar fue imputado el 27 de agosto de 2012 por procesamiento ilícito de desechos e ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional.
Casaccia sostuvo que el supuesto delito fue cometido en abril del mismo año, con la introducción en el país de gasoíl que contiene 6.210 partes por millón de azufre. El límite para el gasoíl común es de 2.500 partes por millón.
La auditoría señala que se ha constatado que durante el tiempo que le cupo investigar al agente fiscal José Luis Casaccia, no se han llevado a cabo las correspondientes y oportunas diligencias investigativas y procesales, “a los efectos de corroborar y sustentar tales extremos, así como en reiteradas oportunidades había manifestado el fiscal a la prensa escrita”.
Indica que el cuaderno de investigación consta, más que nada, de innumerables publicaciones periodísticas, simples fotocopias de ciertos documentos sin firma de los responsables que habrían proporcionado a la fiscalía cierta información.
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Cuatro días después de que se presentó la imputación, Escobar, a través de la abogada Norma Girala, recusó a Casaccia.
Este fue otro momento cuestionado por la auditoría realizada por la Inspectoría General del Ministerio Público.
El cuestionamiento se dirigió al entonces fiscal adjunto del Medio Ambiente Ricardo Merlo.
El informe de control de gestión indica que Merlo no dio trámite a la recusación, como establece la ley, pero solicitó el expediente a Casaccia para hacer una reasignación de la causa.
El fiscal adjunto solo tramitó la recusación una vez que ABC publicó el caso.
El caso fue asignado al fiscal Gustavo Cáceres.
El 17 de setiembre de ese año, Cáceres se allanó al requerimiento de la defensa que pidió el sobreseimiento definitivo.
Los argumentos de la fiscalía fueron similares al de la defensa.
“Se procedió al registro de las instalaciones de Petropar, sito en Villa Elisa, oportunidad en que se tomaron las muestras de gasoíl para el análisis y determinar la cantidad de azufre contenido en los diferentes tanques que almacenan el hidrocarburo. El resultado arrojó que ninguna de las muestras contiene azufre fuera del rango permitido, por lo cual se ajusta a la normativa vigente. El resultado conforme al análisis efectuado estando presente el fiscal natural de la causa, abogado José Luis Casaccia, técnicos de la Dirección del Medio Ambiente del Ministerio Público y funcionarios de Petropar”, decía el escrito.
El 21 de setiembre, el juez Rubén Riquelme otorgó el sobreseimiento definitivo.
Hasta ese momento Escobar no había sido citado para prestar declaración indagatoria y ni siquiera se le impuso medidas cautelares para estar sometido al proceso.
La auditoría señala que no había elementos para imputar por ingreso de sustancias nocivas al territorio nacional, pero si por procesamiento ilícito de desechos.
“El abogado Gustavo Cáceres debió proseguir la investigación con relación al procesamiento ilícito de desechos, contra los supuestos responsables, ya que la comisión de dicho delito ambiental fue corroborada por el ingeniero Joaquín Escribá, en el informe técnico agregado a fojas 217, 218 y 219 de la copia del cuaderno de investigación”, decía el informe de control de gestión.
Ante esta situación, Merlo se vio obligado a apelar la resolución del juez Riquelme.
La Cámara de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia.
Escobar recurrió a la Corte Suprema de Justicia, pero se le denegó el pedido de cerrar el proceso.
Interín, Díaz Verón ordenó cambios en la fiscalía ambiental.
Fue así como el caso, por disposición del nuevo adjunto, Jorge Sosa, asignó la causa a la fiscala Sara Torres.
Esta funcionaria solicitó el sobreseimiento provisional de Sergio Escobar, con el argumento de que necesitaba tiempo para obtener informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud, sobre la calidad del aire y, específicamente, la característica del gasoíl con alto contenido de azufre como desecho o residuo.
El juez Rubén Riquelme requirió al fiscal adjunto Sosa que ratifique o rectifique el pedido de la funcionaria.
Antes que responder el pedido, Sosa le solicitó que fundamentara el requerimiento.
El magistrado decidió enviar el mismo requerimiento al fiscal general del Estado para que ratificara o rectificara lo solicitado por la fiscalía del Medio Ambiente...
Removido y suspendido
Como consecuencia de su actuación en este caso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados removió del cargo al fiscal Gustavo Cáceres.
Según el Jurado, Cáceres incurrió en mal desempeño en sus funciones al allanarse a un pedido de sobreseimiento definitivo del presidente de Petropar, pese a que el Código Procesal Penal establece que ese tipo de requerimiento se presenta al concluir la etapa investigativa.
Mientras que Casaccia está suspendido por la liberación del supuesto narcopolicía Águedo Ronaldo Lezcano Paredes.