Al tiempo de señalar que el primer requerimiento se realizó el 29 de marzo de 2016, los abogados Christian Almada Royg y Luis Caballero Krauer señalan en el escrito: “En el mencionado juicio no ha sido dictado el auto que admite la convocación o declara la quiebra, por lo tanto, corresponde a estricto derecho que el juzgado dicte resolución de desistimiento de pedido de convocatoria presentado por la firma Azucarera Iturbe SA”.
A su vez, los abogados piden la cancelación e intervención de la personería otorgada a la Procuraduría en el presente juicio, “debido a que recién en el momento de la admisión de la Convocatoria de Acreedores podrán realizar el procedimiento de Verificación de Créditos y recién en ese momento pueden tener intervención procesal conocida”.
Este acaso tiene como antecedente el año 2013, cuando la Azucarera, con el argumento del contrabando y la caída del precio internacional solicitó la convocatoria de acreedores.
El Poder Ejecutivo intervino en ese momento de crisis y pagó casi tres millones de dólares a productores, obreros y transportistas.
Sin embargo, en la Azucarera consideran que los pagos fueron hechos en forma arbitraria y sin la documentación respaldatoria.
Después de tres años, la referida empresa retiró solicitar la convocatoria en preparación para el pago de las deudas, tras un arreglo privado con los acreedores.
La Azucarera considera que la Procuraduría debería permitir que haga las gestiones privadas para el pago de sus deudas y pueda reiniciar la producción para provecho no solo de los productores de la región, sino de los mismos trabajadores.
“Nunca la quiebra judicial ha resultado en la reactivación de una empresa industrial que es lo que quieren lograr los accionistas de Azucarera Iturbe, siempre se ha concluido con la destrucción de la unidad productiva”, aseveró el abogado Caballero Krauer, en una visita a ABC.