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La magistrada López de Gómez es la preopinante, según indicaron fuentes judiciales. Una vez que la misma emita su postura, sus colegas decidirán si se adhieren o no a su voto.
La Cámara analiza el fallo de la jueza Griselda Caballero, quien hizo lugar a la desestimación de la denuncia, a pedido de los fiscales Delfino y Ayala.
Los agentes del Ministerio Público presentaron el escrito el 29 de enero pasado.
Ante el sospechoso pedido de los fiscales, el Jurado de Enjuiciamiento solicitó la carpeta de investigación.
El análisis jurídico del órgano juzgador concluyó que Delfino y Ayala se apuraron para blanquear el caso. Ni siquiera realizaron diligencias elementales.
Es por eso que los ocho miembros del Jurado votaron por el enjuiciamiento de los agentes, quienes además fueron suspendidos. Cinco de los ocho miembros consideraron que había méritos para separar temporalmente del cargo a los agentes.
Sin embargo, hasta ahora no se hizo efectiva la suspensión. Se habla de una maniobra, esta vez para blanquear a los fiscales que a su vez “cocinaron” el caso.
Existe una fuerte injerencia del Ejecutivo a favor de Delfino, porque supuestamente es el único fiscal que se anima a indagar al EPP.
Independientemente a esta situación, en la carpeta de investigación de la denuncia de tráfico de armas, se puede notar que tanto Delfino como Ayala hicieron una pésima investigación, por lo que se justifica la suspensión.
Los antecedentes del caso revelan que el 13 de febrero de 2012, el entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez, solicitó al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, la investigación y el esclarecimiento del hecho de la comercialización en negocios de Asunción, de municiones 5.56, que fueron importadas a nombre del más alto tribunal.
Núñez se basó en una denuncia que presentó Rubén González, accionista de la empresa Comtecpar, proveedora de las balas y otros materiales bélicos.
González aclaró en su escrito que mantiene un pleito judicial, en el fuero civil, con su exsocio Carlos León, presidente de la empresa.
El denunciante había adquirido las municiones de casa Yamgo de Asunción.
EMPRESA Y SUMARIO
La empresa Comtecpar, presidida por Carlos León, había sido adjudicado, en el 2010, para proveer a la Corte Suprema 3.000 municiones calibre 5.56 y 15 fusiles de asalto, entre otros materiales.
Sin embargo, la empresa, con autorización de la Dimabel y con base en una orden de compra firmada por la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán, importó 12.500 balas y 20 fusiles.
Insfrán está seriamente comprometida, pero pese a ello la Corte no adoptó ninguna medida respecto a la funcionaria, que estaría apadrinada por un senador colorado. También se espera la conclusión del sumario que abrió el máximo tribunal.