Camaristas ignoraron falta de arraigo y peligro de fuga de “cerebro” de lavado

Los camaristas Isidro González y Derlis Rodríguez no tuvieron en cuenta el peligro de fuga, de obstrucción y la falta de arraigo de Felipe Ramón Duarte, imputado como el “cerebro” del esquema que lavó US$ 600 millones en los años 2010 y 2011; y lo beneficiaron con el arresto domiciliario. El Ministerio Público critica la decisión judicial, que habría sido dictada en violación de disposiciones legales. La Corte no tomó ninguna medida.

González y Rodríguez ignoraron la falta de arraigo del imputado, quien ofreció como garantía que se va a someter al proceso, un inmueble de Ciudad del Este, que está a nombre de su esposa Nilsa Romero, también imputada, y que fue embargado por pedido del Ministerio Público.

Además, Duarte fue declarado rebelde, debido a que estuvo diez meses prófugo de la justicia y fue detenido por la Policía. “Por otro lado, estamos en una zona fronteriza, que le da innumerables facilidades para salir del país”, señaló la fiscalía en un escrito a la Cámara, que fue totalmente ignorado por los dos magistrados.

Igualmente, los camaristas no tuvieron en cuenta la alta expectativa de pena del imputado, que es hasta diez años de cárcel. Duarte está procesado por lavado de dinero y otros delitos.

González y Rodríguez, según el Ministerio Público, ni siquiera consideraron el peligro de obstrucción a la investigación, atendiendo que varias personas que trabajaban con Duarte están citadas como testigos.

Atendiendo los cuestionamientos de la fiscalía, los camaristas habrían violentado disposiciones legales al ordenar el arresto domiciliario del “cerebro” del esquema de lavado de dinero.

Ante las posibles irregularidades que habrían cometido los magistrados, se espera que la Corte disponga la auditoría de gestión jurisdiccional, para saber si los camaristas actuaron dentro del marco legal o fuera de ella.

Según los antecedentes, a través de la creación de las empresas Strong, Muñe, Manhatan, MH Electrónica, Braex Import Export, American, Ninfaplus y otros (que eran firmas ficticias), los imputados entre ellos Duarte, habrían transferido al exterior 660 millones de dólares, a través de los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA. Estas entidades fueron sancionadas por el Banco Central, al comprobarse que violaron normas antilavado.

Para la concreción de las remesas de dinero al exterior, realizadas por las firmas ficticias a través de distintas cuentas bancarias habilitadas por dichas personas jurídicas existente solo en documentos, se habría utilizado a modo de justificar el origen de dinero, facturas proformas a nombre de las referidas empresas.

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