Ante tal situación, empezaron los roces entre abogados y funcionarios de la Penitenciaría Regional, teniendo en cuenta el apuro de varios reclusos que podrían obtener su libertad este fin de año, mientras que directivos del penal están expuestos a sanciones, tras los apercibimientos por no cumplir a tiempo los oficios judiciales.

Ahora los traslados deben hacerse en vehículos penitenciarios y con custodia policial, dispusieron las autoridades.