Los camaristas Antonia López, Juan Carlos Paredes y Gerardo Báez Maiola integran la Sala Penal de la Corte que debe estudiar la recusación promovida en marzo de 2009 por el acusado Juan Martínez Coronel contra el juez penal de garantías Óscar Delgado, quien debía realizar la audiencia preliminar donde se iba a resolver si la causa de lesión de confianza era elevada o no a juicio oral.
Cuando el expediente subió a la Cámara para estudiar la recusación contra Delgado, fueron también recusados por Martínez los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Natividad Meza.
Posteriormente fueron recusados todos los camaristas penales y casi todos los miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Civil.
Es así que también fueron recusados José Agustín Fernández, Miguel Said, Mirtha González de Caballero, Delio Vera Navarro, Carlos Ortiz Barrios, Irma Alfonso de Bogarín, Clara Estigarribia, Bibiana Benítez, Óscar Paiva Valdovinos, María Sol Zuccolillo y Marcos Riera Hunter.
En el caso de los ministros de Corte, entre recusaciones e inhibiciones se apartaron Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Gladys Bareiro, Miguel Óscar Bajac y Víctor Núñez (ya renunció al cargo).
Solamente estas recusaciones paralizaron el proceso penal por 6 años y dos meses.
El caso se inició en junio de 2008 con la imputación por lesión de confianza por parte de la fiscala Victoria Acuña contra los miembros de la Caja Municipal Federico Gómez, Luis Caballero Candia, Juan Martínez Coronel, René Medina, Eladia Cabrera, Merardo Bogado, Sonia Medina y Lucy Spinzi. Supuestamente otorgaron préstamos irregulares a Gal Import, Carlos Tilner, Celiano Cardozo, Hotelera Encarnación y Antonio Cubilla, según la acusación.
Abogados de las chicanas
- Los abogados Mirtha Ortigoza, Eduardo Insfrán, Laura Largo Romero, Alan Medina Schinini y Nidia Marlene Rodríguez son profesionales que realizaron las múltiples recusaciones para paralizar el proceso de lesión de confianza por 6 años y dos meses.
- La Oficina de Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizó el estudio del expediente, pero hasta ahora no se conoce cuál fue el resultado de la auditoría.