Contraloría traba la investigación a universidad ligada a diputado Ríos

La Contraloría General de la República hizo caso omiso a cinco pedidos de la Fiscalía Anticorrupción para realizar un examen especial sobre rubros de docentes y funcionarios asignados a la Universidad Nacional de Pilar, que no serían más que operadores políticos del rector de esa casa de estudio, el diputado liberal Víctor Ríos, según los indicios.

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La fiscala Silvia Cabrera remitió ayer al fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción Federico Espinoza un informe sobre el estado de la causa que se inició el 15 de agosto de 2013.

La denuncia que había sido radicada ante la fiscala de Pilar Claudia Alonso salpicaba a las autoridades de la UNP, encabezada por el legislador liberal.

La Dirección de Delitos Económicos del Ministerio Público, en su dictamen sobre esta denuncia, señaló que a través del Programa de Investigación y Extensión Universitaria se han hecho nombramientos de personas para ejercer la docencia como investigadores o extensionistas y que esos cargos eran concedidos a operadores políticos del diputado Ríos.

Puntualizaba que esta situación se detectó en otros ámbitos de la Universidad, como en el Conservatorio de Música.

“De esta manera, al incluir a estas personas, tanto como investigadores o extensionistas no aptas para ocupar los cargos, no se vieron los resultados de dichos trabajos o gestión como tales en dicha dependencia de la universidad”, decía el dictamen.

El 17 de setiembre de 2013, la causa fue reasignada a la fiscala anticorrupción Silvia Cabrera.

Como primera diligencia investigativa, el 20 de setiembre de ese mes y año, la fiscala pidió al contralor la realización de un examen especial sobre los rubros de docentes y funcionarios asignados al Programa de Investigación y Extensión universitaria.

Paralelamente, comisionó a dos asistentes fiscales para que se trasladen a Pilar a tomar tres declaraciones testificales y solicitar documentos sobre el caso.

El pedido de examen especial fue reiterado el 31 de octubre.

El 21 de enero pasado, la fiscala volvió a pedir el examen especial, sin respuesta alguna.

El 12 de febrero se registró una situación similar, lo cual se repitió el 2 de abril pasado. “Cumplo en informar que a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta alguna por parte del señor contralor general de la República, en cuanto a la fecha de constitución ‘in situ’ del equipo auditor, solicitados en las notas precedentemente citadas”, dice el reporte de la fiscala Cabrera a su superior, Federico Espinoza.

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