Los ministros se reunieron ayer en forma extraordinaria tras la convocatoria hecha por el presidente de la Corte, Antonio Fretes, para tratar los incidentes dilatorios que se presentan en los juicios y que llevan a la impunidad de peces gordos, en su mayoría por robos al Estado.
La Corte aprobó ayer la Acordada N° 961, por la cual se modifica del reglamento que regula el Sistema Disciplinario del Poder Judicial.
Los jueces o tribunales deberán sancionar a los auxiliares de justicia cuando los declare litigante de mala fe o declare que han ejercido abusivamente el derecho o que han litigado con temeridad. La sanción a estas faltas consideradas graves se aplicará no solo al responsable, sino también al que lo ayudó a cometer.
Se consideran faltas graves de abogados y procuradores: a) participar de procesos en que su representado haya pedido más de tres incidentes y planteado otro que haya sido rechazado, incluidos los de recusación; b) promover en el mismo expediente más de tres incidentes, incluidos los de recusación, rechazados con costas; c) ocasionar inhibiciones por causa de enemistad, formulación de denuncia, promoción de querella o demanda, de más de un magistrado, en el mismo proceso; i) recusar al magistrado interviniente en la primera intervención en la causa existiendo representantes convencionales y con personería reconocida anteriormente en la misma causa.
Los magistrados que no apliquen lo dispuesto en la acordada también serán sancionados por la Corte, incluso con la suspensión. Para ello, se tendrá la intervención de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial.
Las chicanas que presentan en los procesos abiertos a los políticos por robo al Estado u a otras ex altas autoridades casi siempre quedan impunes debido a las dilaciones.