En su nota, el camarista señala que el 25 de junio de 2018 llegó la apelación general presentada por el imputado Rivas contra la resolución por la cual el entonces juez Rubén Riquelme informó a Diputados el pedido de desafuero y al día siguiente ya fueron recusados los camaristas Carlos Ortiz Barrios y él.

El caso fue elevado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para su estudio.

El 15 de marzo de 2019 la Sala Penal declaró inadmisible para su estudio la recusación planteada por el diputado Tomás Rivas y el expediente fue devuelto a la Cámara de Apelación Cuarta Sala, el 19 de marzo de 2019 8 meses y 9 días después.

Arias dejó en evidencia que no fue el Tribunal de Alzada el que tuvo en su despacho dormido el expediente. Pero, agregó, el 26 de marzo una vez más el procesado Reinaldo Chaparro, uno de los “caseros de oro” recusó a los tres miembros de la Cámara de Apelación y el 10 de abril se resuelve el rechazo de la recusación.

Luego, sigue relatando el camarista, entre los días 23 y 26 de abril los miembros de la Cuarta Sala emitieron sus votos y el 2 de mayo se dictó el rechazo del incidente planteado casi un año antes.

De esta forma, el camarista Arnulfo Arias detalla el recorrido que tuvo el incidente planteado y que ellos (los miembros de la Cuarta Sala) tuvieron menos de una semana el expediente en su poder y ya resolvieron el caso.

Dejando en claro, fue la Sala Penal de la Corte la que dilató de manera innecesaria el caso.

Debido a las chicanas frenaron el desafuero del diputado colorado Tomás Rivas, la jueza Leticia Paredes hasta el momento no pudo tomarle al parlamentario la audiencia de imposición de medidas. 

Eso recién se podrá realizar una vez que la Cámara de Diputados trate el pedido de desafuero que fue solicitado el 20 de mayo del año pasado por el fiscal Luis Piñánez.