Oliveira Santacruz juró como abogada el 29 de diciembre de 2016 y en febrero de este año ya fue nombrada relatora, según los datos obtenidos en el Poder Judicial. La influencia de su madre, Rosa Lucía Santacruz, quien ocupa la Dirección de Finanzas del Poder Judicial, habría sido determinante para que la flamante letrada sea designada en el referido cargo, pese a su falta de experiencia como abogada. Según fuentes judiciales, incluso se apuró el juramento de la joven profesional del derecho, ya que el acto se realizó sin que la misma haya presentado el título habilitante, aunque lo hizo en horas de la tarde, de acuerdo a los datos.
Maysa Nair además goza de un permiso con goce de sueldo otorgado por la Corte Suprema para estudiar en el extranjero. La abogada tiene autorización para no acudir al Poder Judicial desde el 1 de setiembre pasado hasta el 1 de julio de 2018. Es decir, nueve meses.
Cuando consultamos si es una práctica común que un funcionario judicial becado siga cobrando su sueldo, nos dijeron que depende de la decisión de los miembros del alto tribunal. “No todos tienen ese privilegio, que está reservado solo para los que tienen buenos padrinos”, manifestaron.
La directora financiera, Rosa Lucía Santacruz, madre de la relatora, es una funcionaria con mucha influencia en la Corte y cuenta con el respaldo de varios ministros, quienes pese a las numerosas críticas que tuvo la mantuvieron en una dirección importante como la de Finanzas.
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Según publicaciones periodísticas, Santacruz había percibido la suma de G. 71.235.701 en diciembre de 2012. La misma se alzó con cinco bonificaciones y gratificaciones y hasta un subsidio familiar de G. 7.250.000. Por su parte, Roberto Torres, entonces director general de administración y finanzas y actual miembro del Consejo de Administración, además de su sueldo de G. 18.000.000, cobró también el mismo año G. 58.973.460 en concepto de bonificaciones.
Las publicaciones también revelaron que los familiares de los ministros que cumplen funciones en los despachos igualmente se alzaron con jugosas bonificaciones, gracias a la “buena administración” de Santacruz.
Ante los cuestionamientos, en el 2013, la Corte anunció la separación de Santacruz del cargo. Sin embargo, esto nunca se puso en práctica y la funcionaria sigue en el cargo.
Familiares de ministros, jueces y camaristas Los datos revelan que hay 118 funcionarios que tienen la categoría de relatores y como tales perciben un salario mensual de G. 10.232.708, que al mes cuestan más de G. 1.207 millones a la ciudadanía y al año este monto trepa a G. 15.696 millones, incluido el aguinaldo.
Teniendo en cuenta la cifra de 118 relatores, cada ministro tendría que contar con 13 funcionarios de la referida categoría, que deberían estar colaborando con los altos magistrados para que los fallos se dicten en plazo y no tener una mora de aproximadamente 55%.
La falta de resolución de los casos en el plazo legal establecido es un viejo y grave problema del Poder Judicial, que hasta hoy no se pudo combatir.
Por otro lado, el cargo de relator está reservado para familiares y amigos de los ministros, jueces, camaristas y políticos. Por ejemplo, en la lista que aparece en la infografía salta el nombre de Luis María Argaña Espínola, que es hijo de la camarista del fuero laboral Marité Espínola de Argaña. Esto es apenas una muestra de quiénes son los nombrados y cómo designan los ministros.
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