La escandalosa morosidad judicial de parte de los camaristas posibilitó que los banqueros del Banco General sean beneficiados con la prescripción.
La dilación concedió impunidad en el proceso por estafa y lesión de confianza, en perjuicio de miles de ahorristas, ocurrido durante la “crisis financiera” en nuestro país en 1995, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.
El 3 de octubre de 2011 los camaristas Agustín Lovera Cañete, Natividad Meza (ya removida) y Mirtha González de Caballero resolvieron conceder la prescripción de la causa por haber transcurrido el doble del plazo de la posible pena (10 años) que pudieran haber tenido los procesados, sin considerar agravantes ni atenuantes.
Los citados camaristas declararon operada la prescripción a favor de los directivos del Banco General Gustavo Pérez Samaniego, Thomas Brown Arellano, Albert Friezen Kopp y Óscar Carísimo Netto.
Respecto a Fermín de Alarcón, no se concedió la prescripción porque él fue declarado rebelde y contumaz, por Autointerlocutorio (AI) Nº 1627, del 29 de noviembre de 2001.
El 23 de diciembre de 1996, el juzgado a cargo de Gustavo Santander amplió el sumario e incluyó como procesados a Crispiniano Sandoval, Carlos Knapps, Marcos Lezcano Bernal, Federico Malderburguer, Nery Bedoya Volta, Patricio Óscar Rodríguez, José Páez Cáceres, Dionisio Coronel, Hugo Eligio Caballero, Ovidio Otazú, Reinaldo Penner, Luis Breuer Mojoli, Álvaro Caballero Carrizosa y Jacinto Estigarribia. Los últimos exdirectores del Banco Central.
El expediente también pasó por las manos de los camaristas José Agustín Fernández, Luis María Benítez Riera (actual ministro de la Corte), Tomás Damián Cárdenas (removido), Carlos Bray, Arnulfo Arias, Emiliano Rolón, Gustavo Ocampos, etc. Esta causa “investigó” un negociado por más de G. 237.000 millones.