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Los ministros de la Sala Penal de la Corte Sindulfo Blanco, Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta de Correa sostienen que la causa invocada por la abogada Martínez no está prevista como uno de los motivos para recusar a fiscales.
La abogada Martínez alega como uno de los motivos de la recusación contra las fiscalas que el proceso penal caratulado “Elisa Cibils y otros s/ producción inmediata de documentos públicos de contenido falso” debe ser debatido en un juicio civil.
Las únicas causales para solicitar el apartamiento de agentes fiscales es que exista entre el representante del Ministerio Público y las otras partes amistad, enemistad y/o parentesco.
Es así que la Corte confirmó la Resolución N° 3415 del 16 de julio de 2015 por la cual la Fiscalía General del Estado rechaza la recusación contra las fiscalas Sosa y Ledesma.
Según los datos, los abogados Rolando Salinas y Martínez y la casa comercial Muñequita SA, salpicados por la estafa a docentes, no declararon G. 10.590 millones a la Subsecretaría de Tributación.
Esto se desprende del informe remitido por la referida dependencia a las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, quienes tienen a su cargo el proceso.
De abril a marzo de 2014 el abogado Salinas retiró cheques de la Contaduría de los tribunales por G. 5.292.837.003, pero en ese mismo lapso el IVA pagado fue de solo G. 105.621.682.
La abogada Martínez, de febrero de 2011 a marzo de 2015, retiró cheques por un total de G. 4.339.707.916. Sin embargo, pagó solo G. 30.616.337 en concepto de IVA, según Tributación.
La Contaduría de los tribunales emitió cheques para la firma comercial Muñequita SA, propiedad del imputado Juan Manuel Santacruz, por G. 1.094.184.398 y no declaró nada ante Tributación, que deberá abrir un sumario para determinar el monto evadido.
Estarían pendientes aún unas 13 recusaciones que la Sala Penal de la Corte debe resolver.
La ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils y los oficiales de justicia Ana González y Carlos Leite, del juzgado de La Encarnación, se encuentran imputados por estafa, al igual que Nicolás Jara y María Teresa Acosta, propietarios de Marité SA.