El presidente de la Corte justificó la adquisición de más armas y municiones, para la seguridad de los ministros, en el informe a Diputados. Para ello, enumeró una serie de hechos (ver infografía), incluida la explosión de bomba en la sede del Poder Judicial de Asunción en el 2009, que ponen en peligro no solo la vida de los altos magistrados, sino la de los administradores de justicia de todo el país.
Torres Kirmser señaló que se tuvo que remodelar el ingreso del Palacio de Justicia de Asunción, mediante la construcción de casetas de contención de explosivos, adquisición de equipos de rayos X, detectores de explosivos móviles y de ubicación permanente, establecimiento de una zona de estacionamiento restringido alrededor del edificio, etc.
También explicó que los nueve ministros cumplen funciones de superintendentes en las diferentes circunscripciones del país, en las cuales se constituyen semanalmente para ejercer la supervisión para el “eficiente funcionamiento de la administración de justicia”.
“Esta tarea es realizada en toda ocasión junto con la escolta pertinente, la cual se ve revestida de eficiencia para articular defensas acordes a necesidades extremas, mediante la portación de armas de fuego adquiridas por el Poder Judicial, uno de los poderes del Gobierno nacional, que está en posesión y custodia exclusiva de la Policía Nacional”, dice una parte del escrito a la Cámara.
El titular de la Corte igualmente explicó que el 16 de noviembre de 2010, por resolución número 2.831, el Poder Judicial convocó a los oferentes para la provisión de armas y municiones. La ganadora fue la empresa Comtecpar, de Carlos León.
Torres Kirmser refirió que se compraron 30 pistolas, 20 escopetas, 15 carabinas, 6.000 proyectiles calibre 9 x 19 mm, 3.000 proyectiles 5.56, 1.800 municiones calibre 12, y 30 placas balísticas, por los cuales se pagaron G. 767.780.000.
En el informe, se aclaró que los materiales bélicos son usados en forma exclusiva por los efectivos de la Policía Nacional que se encargan de la custodia de los ministros y que en el inicio de los trámites para la compra se dejó constancia en las actas de la sesión del pleno.
La Cámara de Diputados había solicitado un detallado informe a la Corte con respecto a las armas y municiones adquiridas de la empresa Comtecpar.
La referida firma es la única proveedora de armas a las instituciones del Estado y surgieron elementos que hacen presumir un feroz negociado, especialmente en las Fuerzas Armadas.
El hecho salpicó a la Corte, cuando en negocios particulares de Asunción se vendieron municiones 5.56, que fueron importadas a nombre del alto tribunal por la empresa Comtecpar.
En el informe, se manifiesta que la denuncia del hecho fue realizada por la propia Corte, ante la Fiscalía General del Estado.
A su vez, la Corte recibió la denuncia de Rubén González, quien aclaró que era socio comercial con León y que actualmente mantienen un pleito judicial en el fuero civil por las acciones. González le reclama a León parte de las ganancias que generaron a Comtecpar las provisiones al Estado por más de G. 87.000 millones, según Contrataciones Públicas.