La nueva dirección, que se aprobó a iniciativa del ministro Luis María Benítez Riera, generó el malestar entre jueces y funcionarios en general. Esto fue debido a que mediante la misma se iban a pagar desde el 2019 salarios de entre G. 10 y 12 millones a cuatro personas de confianza del referido integrante del más alto tribunal.

Nuestro diario publicó ayer la disposición de la Corte, que ocultó la Acordada 1256, precisamente para evitar las críticas a la misma, ya que constituye otra evidencia del despilfarro del dinero público en el Poder Judicial.

De acuerdo a fuentes, el propio Benítez Riera fue el que les hizo firmar a cinco de sus colegas la cuestionada acordada.

La Corte también dejó sin efecto otra resolución por la cual ordenó el comisionamiento de funcionarios de Recursos Humanos, que no era otra cosa sino el aumento disimulado de sueldo en el presupuesto 2019.