Los letrados relataron las irregularidades que rodearon el operativo realizado por agentes de Control de Automotores al que calificaron de extorsivo y que fue posteriormente avalado por Ortúzar, entre ellos la retención de su hijo de 8 años.

Ayer, la nueva fiscala del caso, Sandra Quiñónez, pidió criterio de oportunidad para Brizuela, a cambio de una donación de mil proyectiles calibre 5.6mm a la Fuerza de Tarea Conjunta y para Gómez, suspensión condicional del procedimiento por dos años, a cambio de una donación de 3.500 proyectiles calibre 5.6 mm para la FTC. El delito atribuido es la tenencia de 5 armas no registradas, que la defensa asegura les fueron “plantadas”.

La imputación de Ortúzar había sido por tráfico de armas, considerado crimen. Sin embargo, la fiscala Quinóñez presentó acusación por delito y se criticó su benevolencia.

El juez dio trámite de oposición al requerimiento fiscal, que ahora será objeto de estudio por parte de la Fiscalía General del Estado.

Ayer intentamos contactar con Ortúzar a sus celulares para conocer su versión, pero él no atendió las llamadas.

Gómez Buongermini también tiene denuncias por estafa en la fiscalía.