El expropietario de Vip Security, Atilio Gómez Buongermini, y su esposa, Rosa Isabel Brizuela, denunciaron a través de sus abogados Osvaldo Granada y Rocío Vallejo irregularidades en el procedimiento que dio origen al proceso, entre ellos un pedido de US$ 30.000 para el fiscal Rogelio Ortúzar. Fue durante la audiencia preliminar realizada ayer, tras la cual el juez Humberto Otazú remitió los antecedentes del caso a la Fiscalía General.

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Por tercera ocasión suspenden preliminar en un caso de armas

Maniobraron para apartar al fiscal que imputó

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Encuentran armas y municiones de uso militar en poder de particulares

“Agente especial” renunció a gerencia de banco

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Caso VIP Security: titular de Senad culpa a narcos