El exjuez de sentencia Andrés Casati denunció ante la fiscalía por invasión de inmueble ajeno, tala de árboles, perturbación de la paz pública, daño a cosas de interés común, sustracción de energía eléctrica, a unas 80 personas que ocuparon la propiedad de su hermana en Zárate Isla.

El abogado dijo que intentó llegar hasta el terreno cercado con alambre de su familiar, pero casi fue linchado por cuatro indígenas y tuvo que huir del lugar.

Casati cuestiona que cuatro instituciones avalen los ilícitos cometidos por los ocupantes violentos. En ese sentido, indicó que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ya solicitó al Indert que las 11 hectáreas sean concedidas a los aborígenes, a pesar de ser privadas. Por otra parte, el Ministerio de Educación inauguró una escuela en el predio municipal para que los nativos estudien, a pesar de que dicho lugar debía ser destinado a una plaza pública.

Patricia Idoyaga, esposa del exministro del Interior Francisco de Vargas, también aparece entre las perjudicadas por la toma de su tierra.

De Vargas dijo a una emisora radial que a esta altura ya existe una complicidad porque, además de la invasión de propiedad privada, fueron denunciados hechos punibles como sustracción de energía eléctrica y delitos ambientales por tala de árboles, sin que la Fiscalía hiciera nada desde hace un año.

Los casos tienen los fiscales Federico Leguizamón y Natalia Fúster. En la lista de terrenos invadidos aparecen también el del juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica y el del fiscal de Delitos Económicos José dos Santos. Este último dijo que pagó por el término de 10 años su terreno que ahora ha sido invadido de forma violenta.

Drogados hacen robos

Osvaldo Benítez, presidente de la comisión vecinal de Zárate Isla, denunció que fue robado en cuatro ocasiones por indígenas drogadictos. Las familias primitivas ya fueron reubicadas en unas 8 hectáreas en el barrio Tarumandy de Luque, pero volvieron a la zona y tomaron tierras privadas.