Los ministros Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac así como la camarista Mirtha González de Caballero, integrantes de la Sala Constitucional de la Corte, declararon la caducidad de instancia de tres acciones de inconstitucionalidad promovidas en julio de 2013 por los procesados por lesión de confianza, el expresidente del Indert Luis Ortigoza y la escribana Martha Roa de Vargas.
La acción de la notaria Roa fue dirigida contra el Auto Interlocutorio (AI) Nº 109 del 3 de julio de 2013 dictado por la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, por la cual confirmó una resolución del juez penal de garantías Rubén Riquelme del 26 de abril de 2013, por la que resolvió no hacer lugar el incidente de nulidad de actuaciones contra el acta de imputación del 8 de abril de 2013, presentada por la entonces fiscala Claudia Criscioni.
La segunda acción fue promovida por Ortigoza contra el AI Nº 113 del 3 de julio de 2013 emanado por la Cámara en la que resolvió confirmar el AI Nº 378 del 26 de abril de 2013, dictado por el juez Riquelme, por el que resuelve no hacer lugar al incidente de cuestión prejudicial, planteado por el defensor Álvaro Arias.
La tercera acción, también promovida por Ortigoza contra el AI Nº 112 del 2 de abril de 2013 del Tribunal de Apelaciones que había resuelto confirmar el AI Nº 379 del 26 de abril de 2013, dictado por el juez Riquelme por el que resolvió no hacer lugar al incidente de nulidad de actuaciones contra la providencia que admitió el acta de imputación.
Pendiente
La Sala Penal debe aún resolver la apelación contra la resolución de la Cámara que ratificó la competencia del juez Riquelme, ante una recusación de Arias.
Igualmente, la Cámara debe resolver el recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que fijó la audiencia preliminar para el 10 de junio pasado.
A pesar de las numerosas chicanas y a más de dos años de haberse iniciado el proceso penal por lesión de confianza, aún no se puede realizar l a audiencia preliminar. La Corte, la Cámara y el juez Riquelme, deben aplicar las sanciones disciplinarias a los chicaneros.
Otros datos de la lesión
- También están procesados el exconsejero del Indert Justo Gamarra, los peritos Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría y el administrador de la firma San Agustín, Arnaldo Jara.
- La acusación del Ministerio Público señala que el 27 de marzo de 2013 el Indert pagó G. 46.884.846.163 por varias propiedades que sumaron 5.700 hectáreas, ubicadas en Cordillera, cuyo costo total quedó pactado en G. 60.000 millones.
- La Fiscalía sostiene que el inmueble vale solo G. 1.000 millones. La firma San Agustín supuestamente está ligada al senador Jorge Oviedo Matto que era administrada por el hoy acusado y su hombre de confianza, Arnaldo Jara.