Los fiscales Josefina Aghemo y Luis Piñánez solicitaron 2 años y 10 meses de prisión para el procesado. En tanto, la querella adhesiva requirió 3 años de penitenciaría.

Para los agentes del Ministerio Público existen sólidos argumentos que responsabilizan a Kunzle como el perpetrador del pedido de coima. Los fiscales sostienen que los testimonios, pruebas documentales y el vídeo en cámara oculta que fue filmado corroboran la posición y el requerimiento de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Por su parte, Kunzle solicitó la absolución de la causa. Alega que no se demostró que haya recibido algún dinero. Agregó que los policías que realizaron el procedimiento le “plantaron” el dinero, que fue encontrado en su saco.

El caso se remonta al 9 de octubre de 2011 cuando en Ciudad del Este el abogado de la firma Superación SA Víctor Benítez procedió a la entrega de US$ 5.000 (se habían solicitado US$ 10.000) para que el entonces fiscal Kunzle imputara y ordenara el desalojo de ocupantes de la galería Scappini. En ese momento irrumpió la comitiva fiscal-policial en el despacho de Kunzle y fue aprehendido.