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La imputación fue presentada por la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, por un daño patrimonial de G. 4.950 millones, a raíz de la adjudicación a una empresa privada de la realización de una consultoría -dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada)- que la Cooperación Española elaboró ya en el año 2000. Se indica que la lesión se configura porque ambos ministros tenían “la obligación de proteger el patrimonio”.
Los dos exministros accedieron al “doble pago” a la firma Compañía Ingenieros Asociados - CIA SA, representada por William Gerardo Campos Cervera Ramírez, pese a que el trabajo ya fue laborado más de una década atrás. A Blasco se le adjudica el presunto perjuicio de G. 3.960.000.000, mientras que durante la gestión de su sucesora Segovia, se habría dado el supuesto daño de G. 990.000.000, lo que totaliza el menoscabo de G. 4.950.000.000.
“Con relación al costo de la elaboración del proyecto ejecutivo y fiscalización, debemos tener presente que el MJT en el año 2000 recibió del gobierno español la cooperación de profesionales de la empresa OHL, que junto con técnicos de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias realizaron un relevamiento técnico de la infraestructura de todos los establecimientos penitenciarios del país y elaboraron en forma conjunta un ‘Modelo de Centro Penitenciario’ que sea capaz de satisfacer por sí mismo las necesidades básicas de reclusión”, enfatiza la agente Acuña.
El juez Alcides Corbeta resultó sorteado en el caso y debe fijar ahora la audiencia de imposición de medidas.