La fiscala Sandra Quiñónez pidió al juez Humberto Otazú que le imponga suspensión condicional del procedimiento (2 años) a Atilio Gómez y solo criterio de oportunidad a la esposa de este, Rosa Isabel Brizuela.

Esta solicitud realiza la representante del Ministerio Público pese a los serios elementos de tráfico de armas que aparecen en la propia carpeta fiscal.

Por ejemplo, la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel) informó que seis armas no estaban registradas, entre ellas una pistola ametralladora de la marca MP5, calibre 9 mm, sin número de serie (borrado), con un cargador y silenciador. Su detentación en particulares está terminantemente prohibida porque es de uso exclusivo militar (ver facsímil).

Tampoco está registrada una pistola ametralladora Mini Usi, de procedencia Israelí, según la Dimabel.

A esto se suma la falta de autorización para importar una mira telescópica modelo HCHMIDT&Bender, con serie Nº 5303555 (ver facsímil).

Además, según el mismo informe de la Dimabel la firma Comtecpar SA tuvo la autorización para importar miras de la marca Truicon, para destinarlo al Comando de la Fuerza Aérea. Sin embargo, fue encontrado en poder de los propietarios de Vip Security de manera ilegal.

Para el “blanqueo” del caso, el Ministerio Público indica en su requerimiento conclusivo que el empresario solo “transportó” armas de fuego en un camión particular, sin comunicar del hecho a la Dimabel.

Con relación a Rosa Isabel Brizuela, refiere que solo 5 de las 42 armas que fueron incautadas en su poder no estaban registradas debidamente en la Dimabel.

El matrimonio aceptó donar proyectiles a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como una reparación del daño.