Los jueces disponen de las herramientas legales para multar a los abogados y procesados. Inclusive, como creen algunos camaristas, hasta pueden revocar las medidas otorgadas a los enjuiciados, ya que las constantes chicanas son una falta de sometimiento a la justicia.
El artículo 113 del Código Procesal Penal, “Poder de disciplina”, dice que “los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe”.
El artículo 112, del mismo cuerpo legal, Buena fe, apunta que “las partes deberán litigar con buena fe, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este código les concede”.
El artículo 114, Sanciones, refiere que “cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos”.
Está suficientemente demostrado que los jueces que no sancionan a los chicaneros es por que son cómplices de los mismos y deberían ser castigados por la Corte por no aplicar la ley.
Comisión técnica
Los camaristas del fuero penal de Asunción conformaron una comisión técnica con la intención de unificar criterios. La iniciativa es muy plausible y debería ser alentada por la Corte, de donde nunca provino una propuesta similar, a pesar de que la dilación de las causas es un grave problema en la justicia.
En la reunión de la semana pasada, los camaristas discutieron sobre la revocación de las medidas alternativas a los chicaneros y la sanción disciplinaria a los mismos.
La Cámara de Apelación, Cuarta Sala, integrada por Carlos Ortiz, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, ya recomendó en el caso del exministro de Senavitat Gerardo Rolón Pose, la revocación de la medida que le fue otorgada, debido a las numerosas chicanas promovidas. Sin embargo, el juez Rubén Riquelme ignoró la sugerencia de los camaristas.
Por otro lado, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos sancionaron con multa de más de G. 19 millones al procesado Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, por ejercicio abusivo del derecho. La determinación es plausible.