Cardozo estuvo acompañado de sus abogados Carmelo Caballero y José Almada. El senador manifestó a la prensa que es el más interesado en que el caso se aclare. Afirmó que, como ordenador de gastos del MAG, lo que hizo fue transferir los fondos de acuerdo a la Ley del Presupuesto y a la del Fonacide.

Respecto al control y la ejecución de los programas, explicó que la fiscalización estaba a cargo del Congreso, la Contraloría y del Ministerio de Agricultura.

El legislador negó la ausencia de estudios previos para la entrega de los fondos, e indicó que en la página web de la Dirección General y Planificación del MAG hasta hoy está vigente el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Hortalizas.

“Hay un marco estratégico agrario que tiene soporte legal, administrativo y científico”, manifestó.

Dejó entrever que la responsabilidad en los hechos indagados apunta a los que recibieron el dinero.

Cardozo también declaró que dentro del desarrollo de la agricultura familiar de Fenaprofhp fueron transferidos un total de G. 1.000 millones, y que todo fue debidamente “analizado” y la “asignación presupuestaria está plenamente justificada”.

Respecto a la ejecución de la Ley de Fonacide, indicó que hubo tres desembolsos: G. 35.000 millones para 89 proyectos; 10.000 millones de guaraníes para 25 proyectos y G. 6.052.639.175 para otros 23 proyectos, que, según él, beneficiaron en total a 2.230 familias.