“Voy a juicio sin problemas. Ya se reparó todo el daño. La prisión quedó sin efecto porque no hay daño patrimonial”, expresó Ortigoza tras conocer la decisión del magistrado.
El juez Sosa dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público por lesión de confianza, pero descartó la prisión preventiva del extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), requerida por los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron el cumplimiento de la advertencia realizada de que en caso de incumplimiento se levantaría la medida alternativa a la prisión otorgada. La misma fue hecha por el juzgado en ocasión de elevar la fianza inicialmente fijada, de G. 1.300 millones a G. 10.000 millones.
Prisión, descartada
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El juez Sosa Pasmor consideró que no había necesidad de mantener el referido monto, en atención de que el perjuicio ha sido reparado, mediante los pagos realizados por otros acusados (los beneficiados con las tierras vendidas a precio inferior al de mercado).
Específicamente, el magistrado otorgó la suspensión condicional del procedimiento a los acusados Enriqueta Guerrero de González, Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Mirta Lourdes Araújo Armoa, Martín López Agüero, Antenor Dionisio González, Elvio Aurelio Araújo Florentín y Silo Guerreros Acosta, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Anselmo Benítez González, Bernardino Benítez González y Lino Marín Brizuela.
La resolución establece que estas personas están obligadas a reparar el daño causado al Estado paraguayo, mediante el pago de la diferencia de la suma de G. 15.378.240.000, en seis pagos semestrales de G. 130.267.500.
Asimismo, estas personas pagarán también al Estado más de G. 9.000 millones, que corresponden a la diferencia de precio de las tierras adquiridas en la época de la transacción y el valor actual, con lo que totalizan más de G. 24.000 millones a favor del Estado.
Ortigoza soporta otros tres procesos paralelos por casos similares ocurridos entre los años 2011 y 2012.
Preliminar, el viernes 30
El expresidente del Indert Ignacio Ortigoza debe presentarse en tribunales el viernes 30 del corriente para una audiencia preliminar en el proceso que soporta por el caso “San Agustín”. La Fiscalía acusó a Ortigoza, el diputado Milciades Duré y otras cinco personas por ocasionar al Estado un perjuicio de casi G. 48.000 millones al Indert, mediante la compra irregular de cinco mil hectáreas en Cordillera de la firma San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto.